En la polémica sobre los altos precios de los productos agropecuarios (ojo, el debate gira en torno a todo tipo de precios, pero los alimentos tienen el rol protagónico) coexisten varios puntos de vista.

Unos prefieren la inflación al desabastecimiento; otros cuestionan las tarifas de vegetales, viandas y frutas; y a la vez las explican con el alto costo de hacer parir la tierra. Un tercer grupo fustiga el hecho de encontrar precios en la tablilla… ¿para inspectores?, y otros reales… ¿para consumidores?

En las actuales tarifas sí gravita el alto costo de abonos y fertilizantes (o su déficit), de fuerza laboral, de preparación de tierras y otros tantos poquitos enlazados al tejido productivo. Pero también las violaciones de los precios (lamentablemente no dejan de ser noticia) fijados para once productos mediante la Resolución 133 de 2021, del Gobierno provincial; y el gran número de actores en la cadena comercial desde el campo a la ciudad, en muchos casos piezas de un encadenamiento que no generan valor.

De lo primero dan fe los productores. También alegan que sus cosechas no salen del campo a precios exorbitantes, y que todavía no pocos intermediarios llevan más dinero al bolsillo que el hombre a pie de finca, entre otras valiosas razones.

De lo segundo, da cuentas la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en Cienfuegos, entidad que fiscaliza lo pactado en la 133, una Resolución vulnerada muchas veces en horarios de la tarde noche, y por vendedores ilegales de productos agropecuarios, refiere Paulino Pablo Díaz Santillán, máximo responsable de la DIS en la provincia.

Según el funcionario, otra “pieza” susceptible en este engranaje es la declaración jurada de los concurrentes sobre lo traído al mercado para vender. Se trata de un documento vital para determinar, por ejemplo, el cumplimiento —o no— del margen comercial permisible hasta un 30 por ciento para productos no topados en la 133. Constan en los dictámenes de inspecciones de la DIS incoherencias en declaraciones juradas fiscalizadas, o su ausencia.

En el tercer caso, expertos de la Asociación de Economistas y Contadores (ANEC) en Cienfuegos, confirman la existencia de cadenas de comercialización abultadas, mediante la presencia de actores sin generar valor al producto: solo gestionan una mera reventa del mismo.

A tal certeza llegaron tras analizar varias fichas de costo, y encadenamientos existentes desde el productor hasta el punto de venta, confirma Alexander Brito Brito, presidente de la ANEC sureña. Los economistas examinan Cooperativas de Producción Agropecuaria, de Créditos y Servicios, Unidades Básicas de Producción Cooperativa, minindustrias, empresas del ramo, así como entidades comercializadoras. También profundizan en la gestión contable de cooperativas agropecuarias, para descartar el fenómeno de precios que enmascaren ineficiencia. Aunque el debate económico nacional contextualiza esta tendencia en el sector empresarial, podría trascender a otros como el agropecuario.

Emana de esos estudios la necesidad de encadenamientos más eficientes, de reducir actores innecesarios en la comercialización y acercar el productor al mercado, y viceversa. También de una capacitación acertada sobre cómo formar precios: “en los análisis realizados en el municipio de Abreus propusimos bajar el de la yuca, pues a su ficha se cargaban costos ajenos al cultivo”, argumenta el presidente de la ANEC mediante ese, un ejemplo ilustrativo de que los altos precios pueden ser apenas la punta del hilo.

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