En la salida del asentamiento de La Pedrera, perteneciente al municipio de Cruces, hay dos adultos débiles visuales haciendo “botella” en la carretera para trasladarse hasta la cabecera provincial. Junto a ellos, están tres individuos que los acompañan y uno les indica que se aproxima un ómnibus marca Diana. Afortunadamente, se detiene la guagua al pasar por allí. “Son 40 pesos hasta Cienfuegos”, dice el chofer. “Esto es un carro arrendado”. Y así se montaron aquellas dos personas: con sus caras tristes, entre apretones y empujones, sin una pizca de sensibilidad por parte de los que estaban sentados y tampoco del chofer, quien les cobró a ambos el monto total mencionado.

De ese modo pueden ser maltratadas hoy las personas con discapacidades en Cienfuegos, y este es solo un caso aislado. La Dirección Provincial de Transporte tiene muchas cuentas que rendirle a los que son o no miembros de la Aclifim (Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores) con la nueva modalidad –que se esparce como un virus– de los automóviles arrendados a particulares, los cuales incumplen con lo establecido por la Ley, en torno a la bonificación del 50 por ciento del transporte urbano e interurbano, ya sea en ómnibus o en ferrocarril, a cualquiera de los miembros de esa u otra  asociación.

Sorprende que sea ponderado este tipo de transportación –necesario sin dudas en tiempos de crisis con el combustible–, pero que a su vez persista el abuso y la especulación de choferes estatales y particulares hasta con personas con discapacidades.

Un ciudadano ciego o con problemas físico motores jamás debería pagar, por ejemplo, 60 – 70 pesos en un ómnibus arrendado desde el pueblo de Cartagenas hasta la ciudad, o incluso más desde Aguada de Pasajeros.

Es una cuestión sensible, y tiene que ser llevada al debate en todos los espacios actuales. Más ahora con la puesta en marcha de la Comisión Nacional para el seguimiento y monitoreo de la aplicación y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, la Aclifim en Cienfuegos posee más 3 mil 700 miembros, muchos de quienes han sufrido no solo los avatares del transporte, sino en los ámbitos de la accesibilidad e inclusión.

Bien lo decía Isbel Trujillo Yero, presidente de la Aclifim acá, en una de las últimas asambleas realizadas, que la accesibilidad hay que analizarla con una mirada distinta, y dejar de asociarla solamente con las barreras arquitectónicas. “En crisis está el asunto del acceso a las tecnologías y a distintos lugares (…) Por qué hoy no existen aquí, por ejemplo, cafeterías o restaurantes a los que el propio Minsap ha otorgado licencias, sin una carta de menú escrita en braille”, alegaba.

Durante años Cienfuegos ha acumulado una lista interminable de barreras y un porciento muy pequeño de eliminación. En ello tiene gran responsabilidad el trabajo del Inotu (Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo). En el último período, cabe señalar, de un plan de 19 barreras arquitectónicas a eliminar en esta provincia, fueron resueltas solo 5 de ellas y aún quedan pendientes 14, lo cual es un indicador muy negativo.

Pero va mucho más allá, dicha fiscalización o grupos de inspección de las barreras, le incumbe igualmente a los Organismos de la Administración Central del Estado, dígase el Partido, Gobierno, Ministerio de la Construcción, etc., para terminar de buscarle el equilibrio tan deseado al tema de la accesibilidad –como se ha puesto de manifiesto– no solo para la transportación y otros espacios públicos, sino también a las tecnologías, a la información más general.

La comunicación y la crítica constructiva con las autoridades tienen que prevalecer en todo momento. Debemos desterrar la idea de que los miembros de la Aclifim, así como de la Asociación Nacional de Sordos o la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, son aquellos individuos que solo van a “pedir” cosas. No, ellos solo están exigiendo sus derechos, muy plausibles por cierto, pues contribuyen a la inclusión con un matiz diferente dentro de la sociedad.

Cuando se requiere la reparación de una rampa o acera no es para beneficio de una persona con discapacidad o con carné de impedido únicamente, sino en favor de la comunidad entera que los engloba. Debemos aprender a mirar el tema de marras con un enfoque de derecho ciudadano, y no de asistencialismo como suele hacerse.

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