El departamento asume la Función Estatal de controlar la actividad de asesoramiento jurídico en la provincia, ya sea a los Consultores Jurídicos, a los Asesores Propios, así como acciones de supervisión a aquellas entidades que no cuentan con asesoramiento jurídico.

Garantiza la preparación, capacitación y asesoría especializada a los juristas, a través de Jornadas Técnicas, así como su atención metodológica en el territorio.

Además dentro de las otras funciones está el asesoramiento jurídico a la Dirección Provincial de Justicia, lo que se hace a partir del Decreto Ley 349/2017 “Del Asesoramiento Jurídico”, emitido por el CE el 17 de octubre de 2017 y de la Resolución 41 “Reglamento para el ejercicio de la actividad del asesoramiento jurídico”, emitida por la Ministra de Justicia el 3 de marzo del 2018.